Dignificar la Fiscalía: independencia sin activismo, firmeza sin arbitrariedad
Costa Rica se aproxima a una decisión de enorme trascendencia institucional: la elección de quien dirigirá el Ministerio Público durante los próximos cuatro años. Corresponde a los 22 integrantes de Corte Plena asumir esa responsabilidad.
Más allá de nombres o simpatías, deberíamos preguntarnos: ¿qué Fiscalía necesita nuestra democracia?
Necesitamos una Fiscalía fuerte, independiente, objetiva y técnicamente rigurosa, protegida de presiones políticas, económicas o de cualquier grupo de interés. Pero su independencia no es un privilegio: es una garantía que la República le concede para ejercer uno de los poderes más sensibles del Estado exclusivamente al servicio de la justicia.
La democracia dispone de instituciones para la controversia política. Los partidos presentan proyectos, los candidatos compiten, el Parlamento debate y los ciudadanos deciden mediante el sufragio.
La Fiscalía no forma parte de esa arena.
No le corresponde favorecer o perjudicar proyectos políticos ni asumir la misión de “salvar al país” de un gobierno, partido o movimiento que alguno de sus integrantes considere inconveniente. Su obligación es otra: investigar hechos y aplicar el derecho con objetividad. Simpatías, antipatías o apreciaciones personales sobre el rumbo del país deben resultar irrelevantes.
La independencia exige también resistir una presión más sutil: la búsqueda de aprobación. La legitimidad de la Fiscalía no proviene de aplausos, titulares ni de satisfacer expectativas de determinados sectores. Hay decisiones jurídicamente correctas que pueden ser impopulares y decisiones populares profundamente injustas. La justicia no se administra mediante encuestas.
Mucho menos resulta admisible instrumentalizar al ciudadano para satisfacer expectativas internas, responder a presiones jerárquicas o demostrar eficacia institucional. Las personas no son medios para construir reputaciones o acreditar firmeza: son sujetos de derechos frente al poder del Estado.
Los acontecimientos recientes justifican esta reflexión. En mayo de 2026, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez fue absuelto en el caso Reaseguros después de aproximadamente 25 años de proceso. En otro expediente de enorme exposición pública, relacionado con Johnny Araya, Berenice Smith y Celso Gamboa, después de años de proceso, una primera absolutoria y la repetición del juicio promovida por el Ministerio Público, la propia Fiscalía terminó solicitando la absolutoria en 2025.
Detrás de cada expediente existe una persona. Una acusación no es una condena, pero puede afectar irreversiblemente reputación, patrimonio, trayectoria profesional o derechos políticos mucho antes de que un tribunal determine responsabilidad.
Por eso la objetividad no es solamente una exigencia técnica. Es una obligación ética.
Allí adquiere relevancia el riesgo del lawfare. Cuando las herramientas del derecho penal dejan de orientarse exclusivamente a determinar responsabilidades jurídicas y se convierten en instrumentos de confrontación política, la legalidad puede conservar sus formas mientras pierde su propósito.
La respuesta tampoco consiste en someter la Fiscalía al Gobierno o a los partidos. Sería sustituir una politización por otra.
Corte Plena enfrenta ahora una responsabilidad que trasciende la elección de una persona. Si defender la institucionalidad constituye una prioridad para nuestros magistrados, pocas decisiones permitirán demostrar ese compromiso tan concretamente como esta.
Costa Rica necesita un Fiscal General cuya única lealtad institucional sea con el derecho, la justicia y las obligaciones de su cargo.
No necesita un Fiscal General popular, oficialista u opositor. Necesita un Fiscal General justo.
Dignificar la Fiscalía no significa debilitarla: significa exigir independencia sin activismo político, firmeza sin arbitrariedad y objetividad sin agendas.
La democracia tiene instituciones para disputar el poder político. La Fiscalía no es una de ellas.
Cuanto mayor es el poder que el Estado deposita en una institución, mayor debe ser la responsabilidad ética con que se ejerce.
Los comentarios están cerrados.