Detener el fraude de ley con las naturalizaciones de delincuentes
La migración de personas decentes siempre es bienvenida en cualquier nación civilizada porque, en tanto que sean personas de bien que busquen mejorar su calidad de vida y vengan efectivamente a trabajar de manera honesta, los países civilizados entre los cuales está Costa Rica, abren sus puertas porque la migración enriquece al país, no solo económicamente sino también de manera cultural.
Sin embargo, muchos maleantes se han aprovechado de esa buena disposición de nuestro país y han venido a delinquir. La actual ola de violencia que atraviesa el país refleja esta situación y a raíz de ello personas extranjeras decentes son injustamente encasillados con los maleantes indeseables que hoy aterrorizan a la población.
Las personas extranjeras decentes enriquecen a nuestro país y forman parte de la gran familia costarricense, independientemente de si aún se han naturalizado o no. Por eso no es justo calificar a las personas extranjeras de delincuentes solo porque vienen de X o Y país sino cuando se demuestre que efectivamente sí son delincuentes.
Precisamente, esos extranjeros decentes que migraron a Costa Rica en muchas ocasiones huyen de esos maleantes que, en sus países entre política, narco y corrupción, que no son conceptos excluyentes entre sí, cometieron delitos en sus países de origen o en otros países, incluyendo hasta en la propia Costa Rica y como premio reciben la ciudadanía costarricense la cual no puede serles cancelada por la redacción actual de la ley de naturalizaciones y de la Constitución Política.
Esto debe de parar de una vez por todas y de ahí la importancia del proyecto de ley tramitado en la Asamblea Legislativa impulsado por los diputados Rodrigo Arias Sánchez y Danny Vargas Serrano, con el número de expediente 23800 que busca precisamente cerrar el portillo a los delincuentes extranjeros que quieren valerse del buen nombre de nuestro país para naturalizarse como costarricenses y evadir la justicia en sus países y a nivel internacional, porque al tener la ciudadanía costarricense no pueden ser obligados a abandonar el territorio nacional ni ser extraditados.
El proyecto lo que busca es que cualquier persona extranjera que haya sido condenada por un delito doloso, es decir, un delito cometido a sabiendas de que esa persona sabía que delinquía, con una pena superior a tres años de prisión, sea en Costa Rica o en el exterior, se le cancelará su ciudadanía costarricense, siempre y cuando ese delito también se encuentre contemplado en la ley del país donde fue condenado.
Este proyecto de ley, lejos de afectar a los extranjeros decentes, dará mayor seguridad a los habitantes en Costa Rica de que quienes se naturalicen y mantengan su ciudadanía costarricense son efectivamente personas de bien y esto a la larga servirá para que se reduzca la xenofobia, porque no habrá razones para tener sospechas de que solo porque una persona sea de determinado país ya se considere injustamente que es un delincuente sin tan siquiera existir prueba de que sea así.
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