Carta del señor Expresidente Abel Pacheco de la Espriella al señor Presidente Carlos Alvarado Quesada
Estimado señor Presidente:
Me dirijo a usted de forma atenta y respetuosa, en mi condición de ciudadano y Ex presidente de esta nación. Como tal, soy consciente de las múltiples preocupaciones que usted atiende desde el alto cargo que hoy ocupa y de las dificultades que se enfrentan al procurar los justos balances que siempre requieren implementar los asuntos de interés público.
En razón de lo anterior, esta masiva tiene por único propósito el intentar contribuir con usted brindándole información que considero relevante a un asunto de “interés público”, para que consciente de ella pueda usted adoptar la sabia decisión que considere oportuna.
Como usted bien sabe, uno de los cambios de mayor importancia y trascendencia en la vida nacional ocurrió como consecuencia de la negociación del Tratado de Libre Comercio que suscribió nuestro país con los Estados Unidos de Norteamérica, Republica Dominicana y las demás naciones Centroamericanas (CAFTA) lo que ocurrió durante el tiempo en que fui presidente de la República, aunque su posterior ratificación e implementación legislativa correspondió materializarla a la Administración siguiente del doctor. Oscar Arias Sánchez.
Concretamente me referiré en esta carta a la “Apertura de las Telecomunicaciones Nacionales”, que fue parte medular de las discusiones de aquel acuerdo que tiene hoy rango supra legal.
El señor Presidente es profesional formado en las Ciencias de la Comunicación Colectiva, y como tal sabe que aquella negociación fue la que le abrió a Costa Rica las puertas a las nuevas Tecnologías de la Información y el Conocimiento humano, lo que en algún momento todos esperamos que llegue a tener un impacto mayor y positivo sobre la educación de nuestra población.
Ese mismo “cambio” señor Presidente, entre una multiplicidad de efectos, es el que hoy hace posible que el Estado costarricense pueda comenzar a implementar mecanismos de regulación adecuados y controles eficaces para combatir algunas malas prácticas tributarias; nos concede herramientas valiosas para combatir el flagelo de la delincuencia organizada y el narcotráfico en sus cada vez más sofisticadas y múltiples versiones; y posibilita el acceso de todos a la información.
Pero la apertura de las telecomunicaciones costarricenses, a la vez que significó la apertura de la multiplicidad de mercados que posibilitaron el desarrollo de importantes sectores de la economía nacional y la creación de nuevas e innovadoras oportunidades para importantes sectores de nuestra población, también conlleva riesgos, y es en concreto a uno de esos riesgos al que me refiero en esta respetuosa carta que le dirijo.
Las “telecomunicaciones” son esencialmente una industria y como tal adquiere sentido y logra alcanzar sus mayores potencialidades cuando es desarrollada por la empresa privada, brindando un “servicio que permite el acceso a contenidos” a cambio de una contraprestación periódica que permita su desarrollo (suscripción). Sin embargo, al explorar cuidadosamente el “mundo de las telecomunicaciones” en el marco de la negociación de la apertura de nuestro mercado, uno de los primeros aspectos que tuvo que considerar, atender y resolver el Gobierno de la Republica que yo presidía en esos momentos fue precisamente una interrogante planteada sobre aquel aspecto:
¿Estaban el gobierno y el pueblo costarricense dispuestos a someter el acceso a la información y el ejercicio de derechos y libertades tan fundamentales como la libertad de expresión; de prensa e información; el acceso a contenidos; el debate y la confrontación de ideas y pensamientos, a un factor económico? Ciertamente, todos tendrían el derecho de acceder y ejercer aquellos derechos y libertades que no se estaban anulando, pero para poder hacerlo tendrían irremediablemente que pagar. ¿Era eso lo correcto? Nolo consideramos adecuado ni propio del espíritu democrático de nuestra nación.
Afortunadamente la respuesta final y afirmativa nos la ofreció uno de los sectores positivamente involucrados en el proceso: La radiodifusión abierta representada por la Cámara Nacional de Radio – CANARA -: A diferencia de todas las demás modalidades de telecomunicaciones, la radiodifusión es un servicio gratuito brindado a la totalidad de la población por empresas privadas – de radio y de televisión abierta – que no cobran por el derecho de acceder a los contenidos que transmiten, cuya única fuente de financiamiento legalmente permitida es la venta de espacios publicitarios. Un modelo en el que nuestro país no solo fue pionero y líder a nivel latinoamericano, sino que fue posteriormente adoptado en Europa y otras partes del mundo, donde por motivos “ideológicos”, “propagandísticos” o de “seguridad nacional” como consecuencia de conflictos bélicos, la radiodifusión permaneció largo tiempo en poder y bajo el control exclusivo del Estado.
La radiodifusión abierta y de libre y gratuito acceso no le tuvo miedo al cambio, y no le tuvo miedo tampoco a la nueva competencia que le significarían todas las nuevas modalidades de telecomunicaciones que se introducirían con la apertura, pidiendo solamente el compromiso formal del Gobierno de la República de que no se introducirían directa ni indirectamente mecanismos que modificasen sus costos, ni cargas adicionales que no les permitiesen competir con aquellos.
Una de esas potenciales amenazas para la sobrevivencia económica de la radiodifusión de libre y gratuito acceso está constituida por el pago de derechos intelectuales conexos – o derivados – que se ha convertido en una especie de industria de gestión de derechos industriales a través de la cual un muy reducido número de empresas que operan a nivel global ha pretendido el control de los medios de comunicación masivos. Éxito que han logrado obtener en gran cantidad de naciones, especialmente en aquellas con índices de desarrollo social y humano bastante más precario que el nuestro.
El Gobierno de Costa Rica estuvo plenamente de acuerdo con la más que razonable petición del sector de la radiodifusión de libre y gratuito acceso, así lo manifestó y así se hizo constar en el acuerdo que Costa Rica suscribió con las demás naciones que fueron parte en el CAFTA.
Comparto estas líneas con el señor Presidente de la República, consciente del potencial surgimiento de un nuevo conflicto en esta materia, para que valore su contenido en caso de que deba resolver sobre la materia.
Abel Pacheco de la Espriella, Expresidente de Costa Rica
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