Aires de cambio, la pesada carga tributaria y la competitividad-país
De acuerdo a una nota peridística de La República, del primero de setiembre del 2021, un 43,4% del presupuesto del 2022 se fue a pagar deuda, porcentaje superior a cualquier otro apartado. Esto a pesar de que el artículo sexto, Financiamiento de gastos corriente, de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, expresamente norma: “Para los efectos de una adecuada gestión financiera, no podrán financiarse gastos corrientes con ingresos de capital”, o sea entiéndase con deuda.
Esa expresa prohibición del artículo sexto de la citada ley, ha sido ignorada gobierno tras gobierno, asamblea legislativa tras asamblea legislativa y con el beneplácito de la Sala Constitucional, que ha rechazado, hasta donde he sido informado, al menos dos acciones de inconstitucionalidad contra esa práctica de financiar gasto corriente con deuda. Es muy difícil pensar que este gobierno será la excepción en el presupuesto del 2023, próximo a presentarse a la Asamblea Legislativa, dada la precaria situación de las finanzas públicas.
Algunas personas me han comentado que este gobierno además del endeudamiento, buscará la forma de generar mayores ingresos, aumentando la ya pesada carga tributaria que pesa sobre los contribuyentes. Espero sinceramente que quienes así me informaron, estén muy equivocados pues las personas físicas y empresas apenas si se están recuperando de la severa crisis económica, que se inició antes de que el coronavirus surgiera en el país pero luego de su aparición, allá por marzo de 2020, ciertamente, la crisis económica y social vino a agravarse dramáticamente.
Muchas empresas cerraron total o parcialmente sus operaciones y esto hizo que el índice de desempleo, que ya antes de marzo, era alto e inédito en el país, pasara de un 12% a un 24%. Esto se dio principalmente porque la capacidad de compra de los consumidores antes del inicio de la pandemia, se había visto contraída de manera significativa y la demanda interna cayó pero con el surgimiento del coronavirus los ingresos de no pocos negocios comerciales, personales y familiares simplemente se esfumaron.
Costa Rica tiene fama y los consumidores en la práctica lo comprueban, de ser un país caro, algunos supercifialmente le echan la culpa a la supuesta desmedida ambición de lo lucro de algunos comerciantes y productores; ignorando con este decir, la pesada carga tributaria directa e indirecta, entiéndase cargas sociales, que tiene el país y que impactan directamente los costos operativos y en consecuencia el precio final del bien o servicio.
Tener precios más altos en bienes y servicios afecta negativamente la capacidad competitiva de los diferentes agentes económicos, dejándolos en franca desventaja frente a quienes ofrecen productos similares pero no tienen estas cargas tributarias y sociales.
Es tiempo que el gobierno le haga una profunda e integral revisión a los gastos del sector público, antes de seguir por la vieja y equivocada ruta del endeudamiento y de poner nuevos impuestos a las personas y a las empresas.
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