No es el modelo, es la desidia
¿Por qué Costa Rica no logra superar la ineficiencia para el desarrollo de la obra pública? En medio de la frustración y del enojo ante el paso de décadas enteras para ver proyectos consolidados, sólo encontramos que la culpa no se encuentra en el modelo sino en la desidia institucional que atenta contra el aparato estatal, el progreso y el bienestar colectivo.
Infructuosamente el Estado ha intentado establecer un modelo efectivo que le permita superar la crisis en infraestructura. Prueba de ello el modelo de concesión de obra pública respaldado en una Ley que data de la década de los 90, donde se había avanzado con una apuesta clara para ejecutar proyectos pero cuya aplicación ha sido lenta, poco y hasta mal aplicada y/o hasta engavetada ante críticas ideológicas sinsentido como es el caso de la ampliación de la Ruta 27 y del fallido contrato de concesión para la Ruta San José-San Ramón que dejó una multimillonaria demanda contra el Estado.
Poco a poco, perdimos músculo para la obra pública, capacidad instalada e inteligencia para aprovechar la inversión. Por ejemplo, las plantas asfálticas costaron más de ¢3 mil millones, no son competitivas y producen asfalto más caro que las empresas privadas, y ahí terminó la aventura iniciada en 2011 con ilusión de alcanzar carreteras nacionales y regionales de primer orden.
Los esfuerzos en concesiones dejaron más dudas que respuestas, entonces optamos por firmar fideicomisos de obra pública, pero deambulamos por muchos caminos antes de tener certeza de que a través de contratos y endeudamientos internacionales podíamos financiar finalmente las obras urgentes para el país.
Los nublados del día siguen persistiendo. Hoy la ampliación de la Ruta 32 sigue prácticamente paralizada. No sabremos si estarán los $65 millones que evitarían aislar comunidades enteras a su alrededor de esta vía de comunicación.
Se trata de un proyecto urgente para elevar la competitividad nacional, en una ruta que es la arteria por la cual pasa la mayor cantidad de productos que entran y salen de Costa Rica. Lo peor de todo es que tenemos mecanismos para garantizar su buena ejecución. Lamentablemente la iniciativa es presa de la maraña institucional, víctima de la falta de voluntad y que pese a tener declaratoria de interés nacional ve pasar largos meses para alcanzar permisos.
A ello sumamos casos de obras como el mal llamado “Puente de la Chambonada” que invade un carril en una carretera nacional, entre otros pequeños errores, desvíos, borrones y cuentas nuevas que de nuevo nos ponen a razonar con algo de impotencia cómo es que dejamos que todas las soluciones a los problemas de infraestructura pública chocan de manera inexorable una y otra vez.
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