Cocles en el sur del Caribe ante la inseguridad jurídica: Un problema que el Estado costarricense debe resolver
Los propietarios de terrenos en Cocles hacen un llamado para una solución integral liderada por el Estado, que garantice seguridad jurídica, respeto a los derechos adquiridos y convivencia pacífica en el Caribe Sur. La comunidad de Cocles lleva casi siete años viviendo con esta incertidumbre e injusticia. Es hora de que el Estado resuelva este problema.
Cocles es mucho más que un destino turístico del Caribe Sur. Es una comunidad construida durante décadas por familias, pequeños empresarios, trabajadores, inversionistas; propietarios costarricenses y extranjeros que han desarrollado allí sus hogares, sus negocios y sus proyectos de vida.
Hoy, sin embargo, esas personas viven una situación de profunda incertidumbre jurídica y la posible pérdida de sus inversiones, conseguidas con tanto esfuerzo, y en algunos casos, de los ahorros de toda su vida.
Personas que adquirieron propiedades de buena fe, mediante procedimientos legales y con títulos inscritos ante las instituciones del Estado, se encuentran ahora enfrentadas a una situación territorial compleja, producto de decisiones, modificaciones y contradicciones acumuladas durante décadas.
La pregunta que surge en Cocles es sencilla, pero de importancia nacional:
¿Qué seguridad puede tener un ciudadano cuando adquiere una propiedad inscrita, paga impuestos, invierte y actúa conforme a las instituciones públicas, pero años después debe enfrentar las consecuencias de contradicciones generadas por esas mismas instituciones?
Este no es solamente un problema de Cocles. Es un tema de seguridad jurídica, confianza en las instituciones, responsabilidad del Estado y el respeto a nuestros derechos de propiedad, nuestros derechos humanos y las garantías constitucionales.
Una solución responsable debe respetar los derechos indígenas, defender los derechos adquiridos, corregir las inconsistencias históricas y ofrecer certeza jurídica a todas las partes involucradas. Convertir esta situación en un enfrentamiento entre comunidades solamente profundizaría un problema que requiere precisamente lo contrario: información objetiva, institucionalidad, diálogo y una solución duradera.
Las consecuencias ya se sienten en Cocles La incertidumbre jurídica tiene efectos concretos. Propietarios se preguntan si podrán conservar, vender, financiar o desarrollar normalmente bienes adquiridos legalmente. Familias ven amenazada la seguridad de inversiones realizadas durante años. Emprendimientos turísticos y pequeños negocios necesitan previsibilidad para continuar trabajando e invirtiendo.
La inseguridad también afecta la confianza y la convivencia dentro de una comunidad que depende en gran medida de la actividad económica local, del turismo y de la inversión privada. Mientras la situación permanece sin una solución clara, aumenta la incertidumbre y también el riesgo de que un problema institucional termine generando un conflicto social innecesario.
Una responsabilidad que corresponde al Estado .Los propietarios de Cocles no crearon las contradicciones históricas que hoy afectan el territorio. Por ello, tampoco debería recaer exclusivamente sobre ellos la responsabilidad de resolverlo. Al Estado costarricense asumir un papel activo para resolver la situación y construir una solución jurídicamente sólida, equilibrada y definitiva.
Cocles necesita una solución de Estado, una solución basada en hechos, seguridad jurídica, respeto a los derechos, diálogo y responsabilidad institucional.
La manera en que Costa Rica resuelva este caso tendrá importancia no solamente para quienes viven o poseen propiedades en Cocles. También enviará un mensaje sobre algo fundamental para cualquier sociedad democrática: la confianza que los ciudadanos pueden depositar en sus instituciones y en los derechos que esas instituciones reconocen.
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