Representantes municipales por los intereses y derechos de la comunidad

El evidente protagonismo de las municipalidades dentro de la estructura general del Estado, indudablemente obliga, a quienes estén optando por el cargo de alcalde, a readecuar sus objetivos y acciones desde su rol de agentes de desarrollo en procura de una gestión municipal asertiva que vele por la seguridad de los ciudadanos y de sus bienes.

Ello implica estar en contacto más directo con los problemas y demandas de la comunidad; además de ser un actor de primer orden para animar la participación de la gente en la solución de los problemas públicos. También debe tener un papel decisivo en la buena marcha de los servicios que presta la municipalidad en el cumplimiento de los planes locales; en el suministro de los servicios con criterio de economía y calidad y en la solución de los problemas comunitarios.

Sin embargo, para que esto sea posible, el alcalde o la alcaldesa deben desarrollar su trabajo buscando consensos y velando por una gestión transparente, abierta y democrática; escuchar responsablemente a sus electores; atender sus requerimientos con equidad; respetar sus opiniones e incorporar a los sectores involucrados en la toma de decisiones en los temas que los afectan.

Para ello el alcalde debe defender los principios y valores democráticos, especialmente los derechos de los ciudadanos y los intereses de la comunidad; buscar la excelencia en su gestión; contar con las ideas y los funcionarios idóneos; ejercer el liderazgo para la negociación y promover la cultura cívica de la ciudadanía.

Se trata, sencillamente, de reconocer que la función básica del gobierno municipal es servir a los mejores intereses de la gente con la gente. Por ello el ciudadano, desde el momento en que el candidato a alcalde decide postularse, debe evaluar lo que este presenta como programa de acción con el fin de que su elección y gestión sea más democrática.

En este sentido, los ciudadanos deben exigir que los alcaldes verdaderamente fortalezcan los derechos y deberes de la comunidad; promuevan la excelencia en los servicios públicos; contribuyan a proteger la seguridad de las personas y de los bienes; fomenten el desarrollo de la economía; se comprometan a la consolidación de programas sociales efectivos y, especialmente, administren con transparencia. Ojalá que en nuestras próximas elecciones municipales, este 2 de febrero, cada ciudadano se comprometa a expresar un voto responsable y consciente, haga valer sus derechos y exija cuentas a sus representantes; pero, además, que cada aspirante a alcalde represente, efectivamente, los intereses y derechos de la comunidad a la que servirá mediante el compromiso de ejercer una gestión eficiente y de acuerdo con los más sagrados valores democráticos.

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