¡No señores! ¡El trabajador público está para servir y no para amenazar!
Un presidente de una institución autónoma ataca en forma amenazante a un diputado. Un funcionario de poca monta de un ministerio, se jacta que una persona jerarca tiene poder dentro de un partido político y si quisiera podrían perseguir a quienes no piensan como ellos y, el actual Presidente de la República, calla al respecto.
La función pública es para servir, no para servirse, ni mucho menos para amenazar. Si un funcionario amenaza a alguien, es obligación del Presidente de la República poner un alto y solicitar su renuncia de inmediato.
Es inaceptable en un Estado de Derecho la existencia de funcionarios que se crean por encima de los demás y se mofen diciendo que comenzarán cacerías de brujas contra quienes no piensen como ellos. Paradójicamente, estos sujetos dicen tener una ideología de diversidad, promueven las diferencias y hablan de una sociedad “inclusiva”. Claro, esa inclusión se parece mucho a una dicha en una serie de los años setenta cuando preguntaban sobre la individualidad y uno de los personajes decía que la individualidad estaba bien, siempre y cuando todos hagamos lo mismo.
Es inaceptable la hipocresía de funcionarios que dicen ser inclusivos, pero no pierden oportunidad para atacar y amenazar a quienes no piensan como ellos. Uno de los pilares fundamentales en una democracia es la libertad de expresión, tan así, que se encuentra contemplada no solo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sino también a nivel de Naciones Unidas.
Es inaceptable que, el Presidente de la República, guarde silencio en cuanto a un Presidente de una empresa estatal que aparentemente profirió amenazas contra un diputado, cuanto este cuestionó la ridiculez de proyecto de inclusión de etanol en la gasolina sin contar con estudios suficientes.
Sin importar el rango del funcionario, este debe respetar a los ciudadanos que somos también contribuyentes y con nuestros impuestos pagamos sus salarios de lujo que el resto de la población no disfrutamos.
En un Estado de Derecho, el Estado tiene la obligación de proteger los derechos fundamentales y, los funcionarios, de aceptar las críticas que se hagan, en el tanto sean respetuosas y bien fundamentadas, pues el control político no es solo de los diputados sino de los ciudadanos.
Las políticas públicas no deben ser ocurrencias ideológicas de pensamientos ilusorios, sino propuestas concretas y sólidas basadas en datos duros que reflejen la realidad y sean acordes con lo que Costa Rica necesita. Debe quedar muy claro que el derecho a criticar a nuestros gobernantes es un deber de vigilancia de la ciudadanía y ningún funcionario debe de amenazar a quien lo evalúe, pues sino quería que lo cuestionaran, debió haber buscado trabajar en el sector privado
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