No se puede confundir sed de justicia con la Justicia como tal
Todos los costarricenses tenemos derechos constitucionales y jurídicos que debemos de respetar y, así mismo, apelar cuando consideremos que los mismos están siendo atropellados.
Dicho lo anterior, debemos también estar plenamente conscientes de que, ni el juzgado de facebook ni el juzgado de la prensa, son juzgados legítimos para condenar a nadie.
Eso solo lo puede hacer un tribunal de la República. Y también tenemos que entender que, en dichos tribunales, cualquier ciudadano de este país tiene derechos y garantías procesales que se deben de respetar. Así funciona nuestro sistema jurídico, y en ese sentido, así ha funcionado para todos los costarricenses cuando hemos tenido que o recurrir o responder ante nuestra justicia.
Estamos claros que nuestra percepción personal, e inclusive hasta social, es de condena frente a hechos que consideramos punibles, especialmente cuando obtienen relevancia pública, tales como corrupción política, la muerte de una persona en un accidente provocada por un irresponsable, asesinatos, robos, tráfico de influencias, cohecho y asociación para delinquir, estafa, etc. Claro que estos son ilícitos que nos provocan indignación y sed de justicia.
¡Pero no se puede confundir sed de justicia con la Justicia como tal!
Nuestro sistema jurídico nos da las garantías de defendernos en nuestros tribunales y demostrar, si así procede, nuestra inocencia frente a una acusación o frente a un hecho punible por ley que se nos indilgue. Este es un derecho sagrado que, Dios no lo quiera y no se lo deseo a nadie, cualquiera de nosotros podemos invocar si nos vemos en un trance de materia penal. Ahí es cuando, después de haber desbocado por condena para otros, clamaremos por justicia y derechos para nosotros… y más si somos inocentes.
Podemos, y tenemos el derecho, de estar indignados con lo que está sucediendo en el país, con los hechos que se han estado ventilando en la prensa, en las redes sociales, en la Asamblea Legislativa, en el poder judicial y hasta en el ejecutivo. Pero esa indignación debe de llevarnos a luchar por mejorar y sanear nuestro país, no a convertirnos en una masa anónima deseosa de linchamientos inmediatos de aquellos que, a priori, hemos condenado sin el debido proceso.
Recordemos y tengamos siempre presente que, lo que está en proceso en estos momentos en nuestro primer poder de la República es un juicio político, no un juicio jurídico. La Asamblea Legislativa no tiene facultades para realizar este último tipo de juicio, pero sí del primero.
Ya tenemos demasiados problemas como país como para, encima, terminar destruyendo un sistema jurídico que, esencialmente, es funcional y justo. Una cosa es nuestro sistema judicial y otra, muy distinta, aquellos que desde su posición como jueces o como fiscales, lo han ultrajado. Esos ya tendrán su momento de ser procesados (si así correspondiese) en nuestros tribunales y defenderse, al igual que cualquier ciudadano, en los mismos.
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