Los costarricenses no deberían pagar la ineficiencias de instituciones públicas

Usted ha escuchado el refrán que dice “cada palo aguante su vela”, es decir, que cada uno debe asumir la responsabilidad de sus actos; pero en Costa Rica no siempre es así, especialmente cuando hablamos de tarifas eléctricas.

Una gestión deficiente de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) con sus últimos proyectos para generar electricidad, ha obligado a los consumidores, tanto hogares como empresas, a pagar un alto recibo cada mes.

Solo para darles dos ejemplos, la planta hidroeléctrica de Balsa Inferior, a cargo de la CNFL, debió costar $75 millones, pero terminó en $361 millones, casi cinco veces más. También el Parque Eólico Valle Central pasó de $21 millones a $54 millones, más del doble.

Esa negligencia no solo ha quedado impune, sino que además nos obliga a usted y a mí, a tener que sacar más dinero para pagar la factura eléctrica que incluye errores de quienes decidieron ejecutar esos proyectos.

Estamos seguros que quien nos oye, coincidirá en que debería buscarse a los culpables de ese sobrecosto y sentar las responsabilidades del caso. Los costarricenses no debemos pagar las ineficiencias que provocan costos innecesarios para brindar un servicio público.

Costa Rica debe tener un ente independiente que sea el que defina los proyectos que el país requiere en materia energética, pasando por el tamiz de la competitividad, de la racionalidad económica, del interés en el bienestar de los usuarios en un proceso transparente y abierto.

Recientemente se conoció que la CNFL pidió un alza del 175% en las tarifas de generación para enfrentar los sobrecostos de sus proyectos.

Nuevos aumentos en el precio de la electricidad significarían un golpe muy fuerte al bolsillo de los hogares más desprotegidos y a la competitividad nacional.

La rectoría real del sistema ha sido delegada durante años a las empresas públicas, los sucesivos gobiernos y su Ministerio de Ambiente y Energía dejaron de lado su principal responsabilidad política: la planificación energética.

El modelo fue exitoso en el pasado, pero con el tiempo propició que los intereses y necesidades nacionales se confundieran con los intereses de instituciones y se perdió la orientación. Decisiones importantes que afectan la seguridad de abastecimiento y la competitividad de las tarifas no son hoy objeto de atención de la rectoría, quien debilitada parece cómplice de la situación.

UCCAEP insiste de nuevo en la necesidad de que la rectoría se fortalezca y se ejerza desde ella la planificación energética a escala nacional.

Franco Arturo Pacheco
Presidente de UCCAEP

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