Función pública y ética.

El escándalo cementero de los últimos días, ha traído a discusión lo débil que funciona nuestro sistema político, de control ciudadano y político y la falta de aplicación de las leyes que regulan la materia.

La banca estatal anda por el suelo, pareciera que el fin es privatizarla, planeado o no, lo cierto del caso es que deja al descubierto el tráfico de influencias, la red de conexiones políticas, la violación a las leyes, el descaro, el delito y el desprecio al Estado de Derecho en que hemos vivido.

Primero, hay que recordar que prácticamente regalamos nuestra fábrica de cemento a una compañía extranjera, construida con el ahorro nacional para hacer carreteras y puentes, escuelas y colegios y desarrollar programas de vivienda popular para los sectores más desprotegidos, todos estos programas quedaron en la teoría. Hoy hay un duopolio inconveniente y ante la desordenada situación ahora hasta el magnate del norte nos anuncia que instalaran una nueva fábrica de cemento en el país, que ironía…y segundo, ya nos han quebrado dos bancos públicos, esto es, apenas la punta del iceberg y los otros créditos?

Lo cierto del caso es que la importación de cemento chino ha desnudado como a través del poder político y la complacencia de algunos banqueros nos hayan empujado hacia el escándalo más grande de las últimas décadas en el país.

Crédito sin garantías reales, con reformas a reglamentos de importación “maquillados”, con seguros “extraños”, sin verificación del país de origen del producto importado, con menor precio reportado en Aduanas para pagar menos impuestos,  con la utilización del mismo cemento en supuestas obras de la Comisión Nacional de Emergencias, con participación de ministros y exministros, supuestamente de diputados de casi todos los partidos, de políticos y con la anuencia o acción por omisión de una autoridad política superior.

Cada declaración, ante la Comisión Legislativa, delata más el conjunto de actos, la organización con fines “atípicos”, se ha permeado prácticamente a todos los poderes, cuando el superintendente bancario dice que hay muchos créditos sin garantía, cuando el Ministerio Publico dice que el dinero no es de los costarricenses, cuando se involucra hasta un mismo magistrado, cuando hasta el mismo mandatario dice que a pesar de las múltiples visitas a Casa Presidencial del empresario aludido, no hubo consecuencias, lo cierto del caso es que hubo un resultado totalmente ilegal.

¿Y la responsabilidad del funcionario, el principio de probidad, el tráfico de influencias? ¿Dónde está la Defensoría de los Habitantes? ¿Por qué el Ministerio Público no ha actuado con tanta evidencia y prueba indiciaria? ¿Qué dicen los partidos políticos? Se hunde el país y nadie dice nada, nadie hace nada y todos callamos, ¿Qué nos pasa costarricenses? Sepamos ser libres, no siervos menguados dice nuestro himno de la independencia, actuemos ya.

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