Extinción de dominio: un camino pavimentado de buenas intenciones que nos lleva a la perdición

Una comisión especial de la Asamblea Legislativa trabaja en un proyecto denominado Ley de Extinción de Dominio que pretende regular el decomiso sin condena de bienes cuyo origen se sospecha vengan de actividades ilícitas, como el narcotráfico o legitimación de capitales –conocido más por el concepto de lavado de dinero–.

Para el ciudadano costarricense, el espíritu de esta ley puede sonar loable y hasta justo, pues qué mejor manera de combatir el crimen organizado que tomar control de todos los bienes producto de sus acciones delictivas. Sin embargo, al examinar detenidamente el contenido del proyecto, vemos cómo la propuesta atenta contra los mismo cimientos del Estado de derecho costarricense.

Disfrazadas de iniciativas bien intencionadas contra el crimen organizado se esconden intenciones represivas que están llevando a los diputados a aprobar una ley que atenta contra los criterios de justicia formal y material otorgados por la Carta Magna costarricense.

La Ley de Extinción de Dominio da potestades al Estado de apropiarse legítimamente de bienes sin que sea necesario demostrar de previo la existencia de un delito para que su legítimo dueño pierda estos bienes. Basta solo una presunción de origen dudoso para que el Estado pueda confiscar propiedades, vehículos y otros.

Un concepto clave contenido en el espíritu de este proyecto de ley es que la autoridad competente tiene la potestad de comisar aquellos bienes que hayan sido adquiridos “sin causa lícita aparente”. El proceso de extinción de dominio de un bien puede ejecutarse por vincularlo con una actividad que se presume es ilícita sin que exista una sentencia que lo califique como tal.

El adjetivo aparente faculta a una mera presunción ser el justificante para que el Estado se apropie de los bienes de cualquier persona, y corresponderá a esta persona a demostrar el origen legítimo de sus bienes. De serle imposible hacerlo, se extinguen sus derechos de propiedad basado en la simple sospecha.

La inseguridad jurídica causada por esta ley es de grandes proporciones. Pone un gran peso a la probabilidad de un ilícito en lugar de afianzarse en elementos probatorios concretos; violenta la presunción de inocencia pues le corresponde a la persona demostrar que sus bienes no fueron adquiridos por actividad ilícita; debilita el derecho a la propiedad privada pues las leyes de extinción de dominio en un futuro pueden afectar la tenencia de propiedades que adquirí hoy.

En la propuesta, un juez de extinción de dominio está en la capacidad de dictar su fallo independientemente del carácter penal. Esto significa que una persona, aún si fue absuelta penalmente, puede ser despojado de sus bienes por el Estado. Esto provoca que a una misma persona termine defendiéndose dos veces del mismo delito.

Lo que en apariencia comenzó como una ley con espíritu loable, terminará permitiéndole al Estado costarricense transformarse en un ente confiscatorio si los gobiernos de turno lo consideren oportuno. Esto va  totalmente en contra de la tradición democrática de este país.

Llevado al extremo, el proyecto de ley podría desatar una cacería de brujas para que los políticos en el poder dejen fuera de combate a sus adversarios, confiscando sus bienes antes de que exista un proceso judicial en su contra. También podría funcionar para que, al mejor estilo de los caudillos de la izquierda latinoamericana, los bienes de entes extranjeros dejen de operar en el país por diferencias ideológicas con los gobernantes del momento.

Nuestra Constitución Política garantiza que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. El proyecto de ley de extinción de dominio debilita esta premisa y violenta otros valores fundamentales como la libertad y la seguridad jurídica.

El Estado fue creado para procurar el respeto a las personas y sus derechos, regulando las relaciones humanas de manera positiva. Sin embargo, este proyecto y sus propuestas traicionan esta idea. Convierten al aparato estatal en una entidad que devora a sus propios ciudadanos.

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