Eurobonos: una barrera de protección al borde del abismo fiscal

La velocidad e intensidad del cambio que sacude al país genera inestabilidad y confusión; y ante esos sentimientos algunos políticos responden con paradigmas añejos, explotados por populistas ambientales, laborales y fiscales.

Olvidan que este es el siglo de las aceleraciones: globalización, cambio climático y tecnología; inmersas en una economía interconectada, con repercusiones sociales y laborales a corto y mediano plazo.

En el viejo mundo bipolar -de los años 50 a 90 del siglo pasado- los países fueron irresponsables con sus políticas fiscales; el alineamiento a capitalistas o comunistas les garantizó pagar sus cuentas, mediante paquetes financieros amarrados geopolíticamente.

Pero la fiesta se acabó y llegó la hora de pagar la factura; nadie lo hará por Costa Rica, menos por deudas derivadas de la francachela fiscal en que vivió el país en las últimas décadas.

Curar la resaca de esa parranda solo será posible con fuertes dosis de realismo económico y un tratamiento severo de varios años. Un eventual colapso de las finanzas estatales causaría un tsunami social.

El Plan Fiscal dejó al país de puntillas -y con la lengua afuera- al borde del abismo; para evitar la caída es necesario construir una barrera de protección o puente con los eurobonos.

Estos son un instrumento financiero que permitirá liberar el exiguo ahorro nacional, destinado al pago de los vencimientos de la deuda, y disponer de recursos económicos que eleven el crédito al sector privado para potenciar el crecimiento nacional.          

El Congreso debe de aprobar el Proyecto de Eurobonos -de una sola vez- por $6 mil millones con colocaciones anuales, y que la Contraloría General de la República -adscrita a la Asamblea Legislativa- refrende anualmente el uso de fondos del periodo anterior, para la colocación de bonos en los años subsiguientes.

La ratificación de esta iniciativa debe darse con los cambios sugeridos por la empresa privada, sobre todo con el cumplimiento estricto de la regla fiscal en todo el aparato gubernamental, incluyendo instituciones descentralizadas, la banca pública, el Poder Judicial y las universidades estatales.

El Poder Judicial debe interpretar la aplicación restrictiva sobre la cobertura y profundidad de las reglas de contención de gastos, establecidos en la Ley Fiscal, pues a pesar de esta el déficit primario del gobierno seguirá siendo muy elevado por los próximos años.

A toda costa hay que evitar la trampa de la complacencia y todavía menos de los cálculos electorales; eso sí, se debe actuar con prudencia para conservar el enfoque en la correcta gestión de la hacienda pública.

Las consecuencias de no refinanciar -en el mercado internacional- los vencimientos de la deuda serían saltar al vacío sin paracaídas, porque la deuda es real, es grande y hay que pagarla.