Efectos indirectos de los pluses

Nos alarman las cifras multimillonarias -incluso en varios casos superiores a los propios sueldos base- pagadas en muchas instituciones gubernamentales, dándonos cuenta del impacto que, en lo particular, tienen sobre los egresos del gobierno pues los gastos de este exceden a sus ingresos, de aquí surge el Déficit Fiscal. Y, lamentablemente, para llenar este bache, el esfuerzo gubernamental se concentra en aumentar los impuestos, en vez de, reducir el excesivo gasto, fuente esencial del déficit.

Claro, esos pluses son pagados por todos los ciudadanos, con los aportes que hacemos al erario por medio de todos los diversos tipos de impuestos, o cargándolas de deuda pública, que será pagada por las generaciones futuras.

Pero, los únicos costos para la sociedad producto de esos pluses no son sólo esos pagos. Hay otros costos que se deben tomar en cuenta, al evaluar la irracionalidad de políticas financieras manirrotas en las decisiones salariales del gobierno. Un ejemplo de esa dilapidación se exhibe en un artículo de La Nación del 28 de junio, referido al caso particular del ministerio de educación. Ese artículo se titula “Reclamos por pago de pluses ahogan al Ministerio de Educación Pública, MEP: 83.000 de 85.000 empleados plantearon una demanda administrativa o judicial.”

Según Carlos Barquero, del sindicato ANDE, “la mayor cantidad de reclamos de docentes surge por la falta de pago del plus de carrera profesional, debido a que el Ministerio no actualiza el expediente del empleado en donde se registra cuáles cursos ha llevado.”

Ese plus de carrera profesional se basa en el otorgamiento de puntos por títulos obtenidos por los docentes. En adición, se dan puntos por “capacitaciones o experiencia en organismos internacionales”.

Además están los reclamos administrativos y legales en torno este plus de carrera profesional, hay otros relacionados con pluses como “recargos de funciones, anualidades, zonaje, aumentos de jornada, vacaciones, etc,” pero el que tiene mayor número de reclamos es sobre los puntos por carrera profesional.

En el 2017, “los trámites administrativos y judiciales por estos atrasos le costaron al Ministerio ₡15.385 millones.” Y este es un costo que lo pagamos todos los ciudadanos contribuyentes.

En la actualidad se estima que el neto de los reclamos presentados por 83.000 funcionarios del MEP, adicionado los 17.471 que están en tribunales, más los gastos legales, ascendería a ₡104.000 millones. Pero, además, esa suma se incrementará cuando, además del monto principal adeudado, se tenga que pagar intereses por atrasos en el pago y los honorarios a los abogados.

Tan sólo en el 2017, los reclamos administrativos le costaron al MEP la suma de ₡14.373 millones y los recursos judiciales un monto de ₡984 millones. Para junio del 2018, ambos reclamos -administrativos y judiciales- le han costado al MEP ₡6.810 millones.

El estado no “paga” sino que usa lo que le damos para “pagar”: sale de nuestros bolsillos.

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