Educar para la democracia.

Desde hace muchos años se viene hablando sobre la urgencia de que nuestra sociedad requiere la formación de un sistema educativo renovado en donde la educación despierte en los educandos el pensamiento crítico sobre la realidad social, tanto nacional como extranjera, con el fin de que cada estudiante llegue a conocer sus derechos y sus responsabilidades democráticas.

Por lo tanto, orientarse a reformar la educación como elemento intrínseco de la institucionalidad democrática es fundamental; como lo es también resguardarla de aquellos sistemas o filosofías que, por sus contextos históricos, pudieran poner en peligro la primacía de una educación libre y plural.

De ahí que el hecho de que el Gobierno haya firmado un convenio con Cuba en materia educativa es una cuestión que debe tomarse con extrema precaución y mucho análisis. No es un secreto que el de Cuba es un sistema dogmático, orientado a la formación de súbditos obedientes y útiles al sistema; ello, perfectamente, podía contaminar nuestro sistema educativo; recuérdese que uno de los fines de la educación costarricense no es el de educar ciudadanos para un sistema sino ciudadanos sustentados en igualdad, justicia, solidaridad y libertad.

¿Realmente la estrategia educativa cubana hará posible que se eduquen ciudadanos quienes sean capaces de ser críticos y reflexivos?  ¿Cuáles y para quién realmente serán los beneficios? ¿Podrán estas estrategias educativas desligarse de la influencia de una dictadura comunista? ¿Este convenio se orientará a un paradigma educativo autónomo o, por el contrario, tenderá a erosionar la calidad de la educación y a confundir a los actores sociales del proceso educativo?

Definitivamente se está frente a una situación muy delicada donde es necesario un enfoque más contundente por parte del Ministerio de Educación pues se está hablando del presente y el futuro educativo de nuestros niños y jóvenes, quienes deben ver en la educación un libre espacio de aprendizaje y disfrute, no que condicione, que reprima, que exija, que anestesie y que condene a los educandos a un autoritarismo donde se limita o censura la libre expresión de acción y pensamiento.

Hay que ser contundentes en que cualquier convenio educativo que se quiera adoptar e implementar debe incorporar los tipos de ciudadanos que se deseen en la sociedad en la medida en que este plasma una específica concepción educativa en donde deben tomarse en cuenta el desarrollo de los educandos y su adecuada interrelación social. Muy poco ayuda, en este sentido que las autoridades educativas señalen que, aunque se haya firmado el convenio, de momento no hay nada en concreto en cuanto a las temáticas contenidos o materia que se abarcarán.

De ahí la necesidad de que exista mayor claridad ante esta decisión educativa tomada recientemente, si es que realmente se desea alcanzar una educación de calidad resultante del fomento del pensamiento crítico, divergente y autónomo. Claro que se requiere un cambio educativo, pero este debe estar construido con estándares democráticos, nunca corriendo el riesgo de basarse en el autoritarismo, el control o la imposición de ideologías.

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