Derecho de respuesta

En la alocución del pasado 1 de noviembre de Panorama, se hizo referencia a un líder sindical que “aparentemente utilizó supuestos relatores de Derechos Humanos de Naciones Unidas para querer tergiversar la realidad”, acción que se califica de “artimaña.

Ello a propósito del documento que emitieron tres Relatorías Especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con relación al proyecto de ley-Expediente Legislativo No. 21.049 el cual busca prohibir, restringir y hasta criminalizar la huelga en Costa Rica.

Ni “supuestos relatores”, ni artimañas. Esos Relatores, a los cuales se ha querido disminuir su rol y mandato en la defensa de los derechos humanos, ¡son tan reales como una catedral!  Son personas expertas, nombradas por el Consejo de Derechos Humanos, al cual Costa Rica quiso, pero no pudo integrar. Realizan una función de prevención fundamental de veeduría internacional, incluso para analizar proyectos de ley que pudieran ser contrarios a tratados de Derechos Humanos.

No se utilizó mi nombre, seguramente para evitar posibles consecuencias jurídicas; pero el país entero conoce que ha sido la ANEP, de la cual soy Secretario General, y otras organizaciones de trabajadores, quienes promovimos esa iniciativa internacional.

Esos Relatores Especiales son una evidencia de que la libertad de expresión, la de reunión y el rol de los defensores de Derechos Humanos, son temas relevantes que concitan la preocupación internacional; aunque Costa Rica, por medio de sus autoridades, obstinadamente se empeña en exhibir desprecio con la llamada “ley anti-huelga”, que seguramente la Asamblea Legislativa aprobará pronto, así le llegue a generar responsabilidad internacional. Para verdades el tiempo, y este derecho de respuesta que quede como testigo.

Estos Relatores consideran que los sindicatos y los trabajadores sindicalizados somos defensores de Derechos Humanos que merecen protección. En ese sentido, haber acudido a un mecanismo internacional de protección de Derechos Humanos no es ni “triquiñuela” ni “artimaña”, es un proceder legítimo, que emplea los cauces institucionales establecidos en el Derecho Internacional para evitar el silenciamiento de nuestra necesaria voz;  en momentos en los cuales se cierne sobre Costa Rica una deplorable colección de medidas que afectarán a miles de familias, con el propósito de salvaguardar algunas cifras macroeconómicas, en vez de impulsar una política fiscal justa y retributiva, pero que ningún gobierno desea hacer porque no quiere ser incómodo a los poderes económicos reales.

Denunciar una injusticia es hacer lo justo. Y el sindicalismo que ANEP representa seguirá haciendo lo justo. Seguiremos empleando todos los caminos de la justicia internacional, porque los cauces de la justicia costarricense ya no ofrecen garantías de independencia ni de imparcialidad.

¡La Sala Cuarta ha abdicado de su mandato de defensa de los Derechos Humanos! Nos place que Panorama nos trate con el respeto que nuestra calidad de defensores de Derechos Humanos requiere, aunque discrepen incluso de nuestras ideas, motivaciones y acciones.

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